La piratería y la libertad de expresión aún viven, el derecho al libre uso de Internet

¿Es realmente libre el acceso que usted hace de la red? ¿Navega con plena independencia? ¿Sabe quién podría controlar su acceso a Internet?

Sin importar las respuestas que pudiera considerar en este instante y aunque estas fueran totalmente positivas en estos momentos, esto podría modificarse en un futuro; aquí en la república bananera en donde el último en darse cuenta de todo es el usuario.

Internet está actualmente bajo una serie de dramas sumamente novelescos que muy poca gente conoce; los medios masivos convencionales de nuestro país no le dan cobertura a este tipo de información -algunos alegan que los medios tradicionales están incapacitados de hacerlo, pienso relativamente igual.

Como personas libres estamos quedando por fuera de una serie de decisiones que nos podrían afectar mucho como ciudadanos de este país y del mundo; sin absolutamente nada que hacer.

Existen a nivel global muchas iniciativas aceptadas por países del primer mundo para legislar – de manera solapada, controlar- el uso que sus ciudadanos hacen de Internet, esto amparado básicamente en la defensa de los derechos de autor o copyright.  Basta solo mencionar algunas como la Ley Hapodi (Francia), la Ley Sinde (España), Ley de economía digital (Inglaterra). Algunas tan polémicas como la Ley Sinde han sido parte del catalizador social que ha movilizado a miles de españoles en la conocida spanish revolution en contra de su gobierno y los ha sacado a las calles para reclamar por mejores garantías como ciudadanos, incluyendo el verdadero uso libre y democrático de Internet sin prerrogativas legales que demonicen al usuario.

El primer cuento que fundamenta estas leyes  es la decadencia de la industria discográfica, cinematográfica y afines como la conocemos y las duras penas que pasan para adaptarse a los nuevos tiempos del file sharing y el peer-to-peer (P2P) protegiendo de manera exagerada las leyes del copyright . En este apartado la Ley Hadopi particularmente concede al usuario que la infringa tres strikes (respuesta gradual) cada uno con sucesivos avisos para finalmente, en caso de desatención, sancionar al usuario final con la suspensión del servicio de Internet. Esta técnica de respuesta gradual se utiliza incluso en youtube como protocolo para desestimular la subida de materiales sujetos a derechos de autor cuestionables.

¿Porqué? Pues cada vez que usted baja una canción de alguna red P2P, un torrent, ese software que necesita desesperadamente o ve una película en seriesyonkis la industria de producción cultural (principalmente de Estados Unidos) adolece una venta menos, y esta es la premisa que nos está llevando como civilización a echarle un bozal a Internet en vez de adaptarse a nuevos modelos de negocio.

Nicolás Sarkozy, presidente de Francia y promotor de la Ley Hadopi

Este movimiento de control se está adaptando cada vez más a los lugares comunes de la política internacional; hace pocos meses se llevó a cabo una iniciativa para que los países del primer mundo junto con algunos miembros destacados de la industria monstruosa de Internet se reunieran a puerta cerrada para negociar a espaldas de los usuarios las pautas de regulación amparándose básicamente en la premisa de la piratería, esto se trató en la pasada G-8 con el respaldo de Nicolás Sarkozy. Sin ir más a fondo, existe una diferencia clara entre file sharing y comprar una película pirateada de baja calidad en el centro de San José.  La primera es lícita, aunque quieran aparentar y hacernos creer que no lo es y la segunda consiste en piratería real del siglo veintiuno, ilegal por supuesto; ¡Los pitufos en español! gritaba un viejo con un fajo de películas en la mano frente al Club Unión ¡qué ironía!

La contra respuesta del file sharing a la restricción exacerbada de contenidos es el argumento de que la copia no es un robo, pues nadie pierde el original (físico) o sea que se quiere considerar esto como una manera legítima de compartir en tiempos modernos.

El segundo cuento que sostiene estas maniobras es la ebullición social que puede desatar el Internet; existen los ejemplos de China e Irán, que por razones evidentemente políticas y religiosas han adversado el carácter occidental que rige en el Internet y se han abocado a lograr controles.

China con su nuevo buscador Jike intenta regular los resultados de búsqueda desde dentro del país además de mantener un muro sobre los contenidos que no necesariamente le son convenientes al régimen. Irán por su parte mantiene planes de lanzar un Internet propio donde naveguen sus ciudadanos -esto a la sombra del fantasma de las revueltas de la primavera árabe, países convulsionados recientemente a nivel político en que el poder de las redes sociales quedó palpable – incluyendo también su propio buscador desarrollado por el gobierno iraní llamado Ya haq.

Más recientemente David Cameron, primer ministro del Reino Unido ha pretendido censurar las redes sociales debido a los disturbios sociales acontecidos. Es el reconocido principio del killswitch mediante el cual un gobierno suspendería muchas de las garantías individuales con solo apagar el Internet.

Costa Rica está supeditado a la mano invisible de la competencia, mano que incluso hace rivalizar a los emporios de Internet con los países más desarrollados, ese es un campo en el que Costa Rica no tiene vela en el entierro; no hay influencia posible de una comunidad de casi 5 millones de habitantes en tanto Facebook solito tiene más de 600 millones ¿Quién nos escucharía si nuestro mercado es fútil?

Luego de que esta discusión global se acabe y se establezca un modelo estandarizado similar en la mayoría de países desarrollados ¿Qué va a hacer Costa Rica? ¿Vamos a tomar la decisión de plegarnos regionalmente junto con el resto de Centroamérica y adoptar un modelo impuesto por las potencias?

¿Vamos a repetir el fenómeno del TLC y pensar que la propuesta foránea es la única vía al desarrollo? ¿Vamos a pensar que efectivamente toda copia de nuestros archivos digitales ya pagos es ilegal y que los benefactores de las industrias culturales de otros países tienen la razón? ¿Pensaremos que estos modelos son lo mejor para sustentar a nuestros propios creadores de contenido cultural aún cuando no los hemos sabido sostener de manera real en el paradigma actual? ¿Nos van a imponer esto?¿Nos va a tocar asimilar un modelo de regulación adoptado, copiado?  Es probable.

Un abogado especialista en materia de derechos de autor comentaba en una charla reciente que Costa Rica se obligó mediante el TLC a legislar sobre la responsabilidad de los proveedores de internet a desestimular el uso de sitios que promuevan la piratería; esto en un plazo no mayor a dos años luego de ratificado el TLC. Esos dos años ya pasaron y esta discusión que nos atañe a todos no llega. Es probable que en un par de años usted no pueda entrar a Taringa a bajar el software que necesita probar o ver una película en Cuevana, porque el link podría dejar de ser lícito.

En Costa Rica siempre nos quedamos atrás, mientras en el mundo se está repartiendo la legalidad de lo que podemos o no hacer en el arquetípicamente llamado ciberespacio.
¿Es importante esto hoy en día? No hay discurso en el país sobre esto aún, no existen posiciones actuales. Esto es relevante hoy, informar a la sociedad es relevante hoy mismo; es obvio que en este país nos dimos por servidos con la infraestructura creada en los setentas y ochentas, hoy la factura de este descuido nos sale cara; años de atraso, igual nos podría pasar en este tema.

¿Qué pasará cuando nuestros políticos lleguen con la propuesta sugerida por una potencia? ¿Por la urgencia de cumplir con este requisito del TLC? ese es el problema, vendrán  de manera unilateral a sugerir o presionar bajo el amparo del algún instrumento legal la acogida de un sistema regulador que nos impediría un uso verdaderamente libre de Internet, con la posibilidad de ser cortado súbitamente. La ONU garantiza el acceso a Internet como un derecho humano, pero es necesario que nos involucremos más en el discurso mundial actual y veamos que alguien podría estar coartando nuestros derechos antes de que nos demos cuenta.